La moral y las leyes civiles

II. MORAL Y LEYES CIVILES
VER
Nuevamente el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, hace gala de un laicismo excluyente, que está lejos de ser la sana laicidad que necesitamos para construir una democracia madura e incluyente. En réplica a las declaraciones que hemos hecho contra la ley de la capital del país que ha cambiado hasta el mismo concepto de matrimonio, homologándolo con la unión de personas del mismo sexo, dándoles incluso la facultad de adoptar niños, dijo: "La moral de la Iglesia no puede ser el fundamento de una ley... Lo que no se puede hacer es imponer una moral en la ley..., pues somos un Estado laico". Y en un tono sarcástico, el senador Manlio Fabio Beltrones presume de que no le preocupan las leyes divinas, sino las humanas. ¡Y estos son quienes aspiran a gobernar a todo el país! ¡Cuidado! Al hacer leyes sin tomar en cuenta la moral, se pueden hacer leyes inmorales. En esta denuncia ha llevado la voz cantante el cardenal Norberto Rivera Carrera, pues se trata de su arquidiócesis, pero le apoyamos cien por ciento.
En términos semejantes se expresan quienes critican que ya 18 Estados hayan hecho cambios constitucionales en sus legislaciones locales, para blindar el derecho a la vida desde la concepción. Insisten en que las Iglesias debemos estar ajenas a estos procesos jurídicos, pues juzgan que es una intromisión indebida en la vida nacional. Alegan el laicismo e incluso cabildean con legisladores para que éste se haga precepto constitucional. Tienen un concepto anticuado de laicismo, que en muchos países ha sido superado. Aducen una interpretación restrictiva del artículo 130 constitucional, y no tienen en cuenta la Ley de Asociaciones y Culto Público, que en su artículo 2º. Nos garantiza el derecho de "no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas", así como de "propagar" nuestra doctrina, en este caso sobre el matrimonio y el derecho a la vida. No estamos impidiendo que se cumplan las leyes civiles, sino que urgimos se respete nuestro derecho a proclamar nuestra fe, sin discriminación ni represión.
JUZGAR
En su discurso al Cuerpo Diplomático, acreditado ante la Santa Sede, y que aglutina a 178 países, acaba de decir el Papa Benedicto XVI: "La Iglesia está abierta a todos porque, en Dios, ella existe para los demás...La comunidad de los creyentes puede y quiere participar en promover un cambio efectivo de la mentalidad y establecer nuevos modelos de vida; pero para hacerlo es necesario que se reconozca su papel público. Lamentablemente, en ciertos países, sobre todo occidentales, se difunde en ámbitos políticos y culturales, así como en los medios de comunicación social, un sentimiento de escasa consideración y a veces de hostilidad, por no decir de menosprecio, hacia la religión, en particular la religión cristiana.
Es evidente que si se considera el relativismo como un elemento constitutivo esencial de la democracia, se corre el riesgo de concebir la laicidad sólo en términos de exclusión o, más exactamente, de rechazo de la importancia social del hecho religioso. Dicho planteamiento, sin embargo, crea confrontación y división, hiere la paz, perturba la ecología humana y, rechazando por principio actitudes diferentes a la suya, se convierte en un callejón sin salida. Es urgente, por tanto, definir una laicidad positiva, abierta, y que, fundada en una justa autonomía del orden temporal y del orden espiritual, favorezca una sana colaboración y un espíritu de responsabilidad compartida.
Uno de estos ataques proviene de leyes o proyectos que, en nombre de la lucha contra la discriminación, atentan contra el fundamento biológico de la diferencia entre los sexos. Pero la libertad no puede ser absoluta, ya que el hombre no es Dios, sino imagen de Dios, su criatura. Para el hombre, el rumbo a seguir no puede ser fijado por la arbitrariedad o el deseo, sino que debe más bien consistir en la correspondencia con la estructura querida por el Creador. La negación de Dios desfigura la libertad de la persona humana. La naturaleza manifiesta un designio de amor y de verdad que nos precede y que viene de Dios" (11-I-2010).
ACTUAR
No pretendemos imponer una moral católica a todo un país, pero sí luchamos por que haya moral en la sociedad. Sin una moral básica, la sociedad se hunde, y lo peor es que la hundan los mismos legisladores. Hay una moral natural, es decir, la que respeta lo que la misma naturaleza implica, como es que el matrimonio sólo puede realizar se entre un hombre y una mujer; que los niños necesitan un padre y una madre, para que crezcan normales; que la vida es humana desde su inicio, en la fecundación y concepción, hasta su término natural; que todo ser humano vale como persona, independientemente de su edad, género, condición social, religión, cultura, e incluso de su tendencia sexual. Se le ha de respetar como persona, pero no se puede legalizar lo que es contra la misma naturaleza.
Esta es nuestra palabra, y respeten nuestro derecho a emitirla. Son libres de asumirla o no, pero no nos repriman.

El hombre postmoderno explsa al hombre de su casa

I. El hombre postmoderno expulsa a Dios de su casa
Duele ver cómo a la Iglesia siempre se le calla y se le echa en cara el que levante la voz. Pareciera que la libertad de expresión para los católicos, y sobre todo para la clerecía, es un sueño guajiro, porque existe un tipo de sensibilidad social que se siente amenazada y explota majaderamente cuando alguien trata de buscarle un sentido evangélico a la realidad que le rodea.
Parece que Dios ya no puede estar presente en la vida de las sociedades, porque molesta. En México se sigue luchando desde muchos frentes por hacernos creer que Estado laico es sinónimo de Estado opuesto a la Iglesia o a cualquier confesión religiosa.
Lo aprobado, aprobado está, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, así como es verdad que una nación se rige por una Constitución, así también ya quedó claro que lo que las leyes aprueban no es lo que la sociedad en general aprueba y quiere.
No hubo ni consensos ni sondeos ni referendos. Todo se dio con pericia, pero de manera acelerada. ¿Por qué?, ¿por qué no ir a fondo, analizar las consecuencias, elaborar estudios, emitir posibles resultados? Por una simple y sencilla razón: se trata de niños, de los que no tienen voz, de los que no pelearán ni exigirán respeto, de los que tendrán que obedecer y actuar para satisfacer las necesidades de un puñado de adultos que tiempo atrás perdieron el norte.
En esta lógica materialista, un niño, para desgracia nuestra, no constituye ningún tipo de amenaza. Y quien lo quiere defender con valentía, como el Cardenal Sandoval, comienza a recibir ataques personales, en vez de recibir la oportunidad de debatir, de cuestionar y de defender la verdad.
El niño que quiere tener un hogar y que quiere ser adoptado, también tiene derecho a elegir. ¿Por qué no?
Después de este preámbulo cito algunos números de la Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Nota se dirige a los Obispos de la Iglesia Católica y, de especial modo, a los políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política en las sociedades democráticas.
2. La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Las grandes conquistas de las que somos espectadores nos impulsan a comprobar el camino positivo que la humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de condiciones de vida más humanas. La mayor responsabilidad hacia Países en vías de desarrollo es ciertamente una señal de gran relieve, que muestra la creciente sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible callar, por otra parte, sobre los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y, por consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones.
Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia [ Cfr. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Centesimus annus, n. 46, AAS 83 (1991) 793-867; Carta Encíclica Veritatis splendor, n. 101, AAS 85 (1993) 1133-1228; Discurso al Parlamento Italiano en sesión pública conjunta, en L’Osservatore Romano, n. 5, 14-XI-2002. 12].
Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias,[13 Cfr. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 22, AAS 87 (1995) 401-522. ] como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor. Al mismo tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos – incluidos los católicos – que renuncien a contribuir a la vida social y política de sus propios Países, según la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la comunidad política. La historia del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado.
3. Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común. La libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien determinado. La pluralidad de las orientaciones y soluciones, que deben ser en todo caso moralmente aceptables, surge precisamente de la concreción de los hechos particulares y de la diversidad de las circunstancias. No es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas – y menos todavía soluciones únicas – para cuestiones temporales, que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral.[14 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76] Si el cristiano debe «reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales»,[15 CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75. ] también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”.
En el plano de la militancia política concreta, es importante hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones en materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la teoría política, y la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos, explican el hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los católicos para ejercitar – particularmente por la representación parlamentaria – su derecho-deber de participar en la construcción de la vida civil de su País.[16 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, nn. 43 y 75.]
Esta obvia constatación no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. Sobre esta enseñanza los laicos católicos están obligados a confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales.
La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona.[17 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 25.]
Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela «de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública» [18 CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 73.].